¿Qué implica que solana, cardano y BNB sean declarados "securities" o "auxiliares"?

Los inversores en altcoins como solana (SOL), cardano (ADA) y BNB, el token nativo de la BNB Chain, deben seguir de cerca el debate sobre la propuesta legislativa llamada Innovación Financiera Responsable (Ley RFI).

Esta iniciativa podría establecer una distinción clave en Estados Unidos al clasificar a los criptoactivos, incluido bitcoin (BTC), en dos categorías: securities (valores) o activos auxiliares, lo que tendría implicaciones significativas para su regulación y uso.

Según el proyecto de ley, los activos auxiliares se definen como intangibles y comercialmente fungibles (algo parecido a materias primas –commodities– digitales) que se ofrecen, venden o distribuyen en relación con un contrato de inversión. Y como ya fue reportado por CriptoNoticias, bitcoin es un fuerte candidato para ser clasificado en esta categoría debido a su naturaleza descentralizada y ausencia de un originador central.

Sin embargo, altcoins como solana, cardano y BNB tendrían que pasar por un proceso de validación ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) que se convertiría en el regulador principal.

Lograr la clasificación como un activo auxiliar eximiría a los proyectos de las pesadas regulaciones de valores. Los originadores de activos auxiliares (quienes inicialmente ofrecen, venden o lo distribuyen) podrían incluso presentar una autocertificación ante la SEC, respaldada por evidencia, que acredite que el activo no otorga derechos financieros que lo descalifiquen de este renglón.

Y si la agencia no lo refuta en 60 días, ganaría un estatus de relativa seguridad jurídica. Aunque, no se trata de una vía libre porque aún, sus fundadores o emisores, tendrían que cumplir con requisitos de divulgación periódica, aunque menos estrictos que los de un security.

Según la Criptopedia, la academia de educación sobre Bitcoin de CriptoNoticias, los securities, conocidos en español como títulos de valor, son instrumentos financieros negociables.

Se trata de una categoría que abarca todos los activos negociados en bolsas de valores, firmas de corretaje y mercados financieros. Su característica principal es la expectativa de generar ganancias derivadas, principalmente, de los esfuerzos de un tercero.

Ser clasificado como un valor implica cumplir con las estrictas regulaciones establecidas en las leyes de valores de los Estados Unidos, como la Securities Act de 1933 y la Securities Exchange Act de 1934, normativas vigentes desde hace más de 90 años.

Alcanzar la clasificación como activo auxiliar será un objetivo clave para los proyectos del ecosistema de los activos digitales que se enfocan en ser descentralizados.

En el caso de Solana y Cardano, ambos son proyectos que podrían demostrar su descentralización. Esto debido a que cuentan con validadores y una comunidad activa, no por una única entidad central.

No obstante, la SEC podría cuestionar los esfuerzos de los fundadores de Solana para demostrar que su proyecto es descentralizado. Esto se debe, en gran medida, a las críticas recurrentes sobre el nivel de descentralización de la red.

Por ejemplo, en un incidente reciente, SOL enfrentó una vulnerabilidad que podría haber comprometido los fondos de los usuarios, la cual fue resuelta de manera discreta. Las correcciones se realizaron en privado, lo que generó malestar entre los participantes del ecosistema por la falta de transparencia y su posible impacto en la descentralización, según informó CriptoNoticias.

En ese momento, quedó algunos datos señalaban que cuatro principales validadores de Solana controlan cerca del 80% de SOL en staking, lo que facilita decisiones unilaterales y refuerza la queja sobre la centralización de aquellos participantes.

Sin embargo, otros arrojadores de datos apuntaban que de los 1.300 validadores de Solana, plataformas como Helius, Binance Staking, Galaxy y Coinbase eran las que ostentaban los mayores porcentajes de staking de SOL, y cada uno de ellos representando entre el 2% y 3% del total de SOL en staking.

Por ello, es preciso esperar que la SEC analice los datos que puedan aportar los fundadores del proyecto para conocer si solana clasifica como un activo auxiliar, siempre que la iniciativa RFI se convierta en ley.

Por otro lado, la SEC podría argumentar que sus ventas iniciales de tokens o el papel continuo de sus fundaciones (Solana Foundation o IOHK) constituyen un «contrato de inversión». Si este fuera el caso, enfrentarían requisitos de divulgación, aunque adaptados y menos onerosos.

En cambio, cardano podría tener un camino más fácil a la hora de clasificar como un activo auxiliar. Eso si la SEC aprueba el proceso que el proyecto inició el en diciembre del año pasado, buscando consolidar la descentralización de la red.

Desde aquel momento, su modelo reduce la dependencia de las entidades fundadoras (IOHK, Fundación Cardano y EMURGO), que previamente dominaban las decisiones, y empodera a los usuarios para influir en el futuro de Cardano a través de la delegación de votos o participación directa. La transición, iniciada con la Era Voltaire, busca garantizar la sostenibilidad y el liderazgo comunitario de la red.

Para miembros de la comunidad, Cardano apunta a la descentralización, tanto así que ADA está considerado como activo para las reservas digitales de EE. UU., así como también SOL y XRP.

BNB atrapado bajo las sombras de Binance

El caso de BNB es mucho más complejo y arriesgado. A diferencia de solana y cardano, su destino está íntimamente ligado al de Binance, el exchange de criptomonedas centralizado más grande del mundo.

En caso de que la empresa busque la clasificación de BNB como activo auxiliar, la SEC podría argumentar fácilmente que el valor de este activo depende directamente de los esfuerzos gerenciales del exchange.

Su utilidad (descuentos en comisiones, acceso a productos) está anclada al éxito y las decisiones de Binance y en ese caso, claramente clasificaría como un security. Esta conexión centralizada es precisamente lo que la ley busca diferenciar de un activo auxiliar y es el argumento central en las demandas que la SEC ya tiene contra Binance.

Si BNB es declarado un valor, las consecuencias podrían ser severas. Esto debido a que Binance enfrentaría requisitos de registro y divulgación estrictos para su criptomoneda, lo que podría limitar su operatividad en EE. UU., disparar sus costos y generar una gran incertidumbre en el mercado.

En todo caso, si Binance logra convencer a los reguladores de que la utilidad de BNB reside en la red descentralizada (BNB Smart Chain) y no en la empresa, podría aspirar a ser un activo auxiliar. Sin embargo, su desafío para demostrar la descentralización y terminar con las obligaciones de divulgación es inmensamente mayor que el de sus competidores.

Como puntos fuertes, en procura de incluir a BNB en la categoría de activo auxiliar, Binance podría presentar el argumento de que la BNB Chain posee funciones que ayudan a distribuir el poder en su comunidad. Por ejemplo, los poseedores de BNB pueden participar en la gobernanza de la red al votar sobre decisiones importantes, como la elección de validadores y la modificación de parámetros de la red.

De esa manera fomenta un sentido de propiedad y participación entre los usuarios, lo que es un principio fundamental de la descentralización. Asimismo, aunque la red tiene un número limitado de validadores, estos son seleccionados en función de la cantidad de BNB que tienen en staking. Esto permite que diferentes participantes puedan convertirse en validadores, promoviendo así la diversidad y la descentralización en la validación de transacciones.

Más allá de ello, hay que tener en cuenta que la Ley de Innovación Financiera Responsable no trata a todas las criptomonedas por igual. En su núcleo, premia la descentralización. Pero todavía debe atravesar por un largo proceso para convertirse en ley.

En sí la propuesta de Ley RFI debe seguir un proceso legislativo riguroso que habrá que ver si logra pasar. Tras su presentación como borrador por el Comité Bancario del Senado, será debatido y potencialmente enmendado en el comité antes de someterse a votación en el pleno del Senado.

Si se aprueba, pasará a la Cámara de Representantes, donde podría armonizarse con propuestas como la Ley CLARITY o enfrentarse a modificaciones en un proceso que puede llevar meses o incluso años para ser aprobada por el presidente de Estados Unidos.

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